Oxígeno para la Democracia

EL LAICISMO: OXÍGENO PARA LA DEMOCRACIA

Marta Lamas
Etnóloga, con una maestría en Ciencias Antropológicas. Candidata al doctorado en Antropología, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.

Profesora del departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Directora de la revista Debate feminista.


La dignidad humana exige que se respeten por igual la conciencia y la libertad de todo ser humano. Eso significa, llanamente, que nadie puede decidir por otra persona ni imponerle sus convicciones. Para que la libertad pueda ser ejercida, es necesario el respeto por la libertad ajena, que no haya dominio improcedente (o sea, que ni el Estado, ni la sociedad, ni las Iglesias se inmiscuyan en las decisiones de la ciudadanía) y que la ley sea soberana. Por eso casi todas las Constituciones consagran la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, de asociación, de expresión y de creencias, así como el derecho a la privacidad o a la intimidad. Estas aspiraciones éticas representan modelos de relación humana, y es indispensable que el Estado las respete y no admita imposición alguna. En una democracia todas las personas tienen igual derecho a conducir sus vidas como decidan, respetando  el derecho de las demás a hacer lo mismo, siempre y cuando se cumpla la ley.

La separación entre el Estado y las Iglesias es sana, pues permite que las personas crean en lo que quieran creer, y que se reúnan libremente con otras que creen lo mismo, sin pretender imponer a toda la sociedad esas creencias. Por eso, una verdadera convivencia pacífica dentro del pluralismo requiere contar con un Estado laico, que garantice un régimen de tolerancia, y el imperio tanto de la ley como de la razón. En América latina este objetivo no es sencillo: las presiones y amenazas de la Iglesia Católica se manifiestan en el espacio público desde su postura de detentadora de “la Verdad”, la única y verdadera.

En la región, defender la laicidad del Estado es enfrentar el poder simbólico de la Iglesia Católica. El Papa, desde su supuesta infalibilidad, y los prelados y funcionarios católicos que lo secundan, se valen del peso simbólico que el catolicismo tiene en la cultura para expresar sus opiniones y reglas y desestimar las demás posiciones por falsas o equivocadas. Fernando Savater (1993) cuestiona esta actitud  constante. Por ejemplo, se repiten las declaraciones del Papa y sus obispos sobre el aborto (crimen, para ellos, propio del terrorismo  o nazismo), en las que se ubica a la mayoría de las personas partidarias de la despenalización a la misma altura moral que los más  viles asesinos. Savater observa atinadamente que, cuando la alta jerarquía de la Iglesia Católica expresa estas ideas, nadie los acusa  de “anti laicismo”, de intolerantes o de “herir las convicciones ajenas”. Pero no es sólo eso. “Los creyentes, incluso los menos intolerantes, consideran a los ateos mutilados espirituales, en el mejor caso dignos de compasión y, en el peor, moralmente indignos  de confianza. Pero no hay reciprocidad en tal aceptación: si el ateo señala las conexiones de la creencia religiosa con los mecanismos compensatorios de la ilusión o con varias formas de claro infantilismo metafísico, queda de inmediato descalificado como materialista ‘grosero’ y como intolerante falto de respeto hacia la sensibilidad ajena.” Savater da otro ejemplo meridiano: “Si un  candidato a gobernante en cualquier país democrático hace una alusión a la divinidad, ningún ateo entre sus votantes ha de  sentirse discriminado por tal invocación, ni menos ofendido: es una costumbre simpática, como celebrar la Navidad. Pero si se atreve a hacer algún comentario que descarta inequívocamente la creencia en potencias celestiales, quedará como un patán que agrede sin miramientos la fe de los demás y se ganará una campaña en contra que mermará seriamente sus posibilidades electorales”.

La forma particular de poder simbólico que tiene la Iglesia explica la sumisión estatal que consigue. Pierre Bourdieu (1997), quien desentraña la función, la estructura y la génesis de las producciones simbólicas, dirige su atención a los productores del mensaje religioso, a los intereses específicos que los impulsan y a las estrategias que emplean en sus luchas, como la excomunión. La Iglesia ha contado con poder para imponer como legítimos los principios de elaboración de la realidad social más favorables a su ser social, y ha acumulado un capital simbólico de reconocimiento al término de una prolongada labor de construcción simbólica, entretejida en la cultura y en las mentes de los seres humanos. Se ha impuesto la representación oficial de la Iglesia como sede de la universalidad y del servicio del interés general (Bourdieu, 1997, pág. 107). Pero, para Bourdieu, la Iglesia es una empresa de dimensión económica, capaz de asegurar su propia perpetuación sirviéndose de diferentes tipos de recursos, y, aunque cultiva una imagen de desinterés y de humildad, no tiene su poder simbólico por la predicación y la salvación de almas, sino por el tipo de transacción que se instaura entre las Iglesias y los fieles. Rara vez se habla de ese aspecto de la Iglesia, al contrario, se oculta activa o pasivamente su verdad económica. Por eso, para Bourdieu, la dinámica propia del campo religioso reconfigura dos lógicas: la lógica simbólica y la lógica fáctica del mercado. Bourdieu sostiene que el poder simbólico se ejerce con la colaboración de quienes lo padecen porque contribuyen a establecerlo como tal (1999, pág. 225). Esta “complicidad” de las personas dominadas no se concede mediante un acto consciente y deliberado, sino por la adhesión involuntaria que otorgan al pensar con instrumentos de conocimiento impuestos por el propio poder simbólico, los cuales presentan como “natural” la estructura de la relación de dominación. Por eso, las luchas por el conocimiento científico se vuelven imprescindibles para enfrentar la imposición de la representación religiosa de la realidad. La “naturalización” de mitos es un mecanismo común del pensamiento religioso. Un ejemplo muy difundido es la creencia de que los seres humanos descendemos de Adán y Eva. Cuando Darwin planteó la evolución de las especies y señaló que procedemos de los monos, el Vaticano lo condenó por hereje. Recién en 1994 el Vaticano reconoció que la teoría de Darwin era cierta, y que Adán y Eva eran una metáfora. Probablemente dentro de varios años reconozca otros planteamientos científicos que hoy rechaza. Savater lo dice muy bien: “Los sistemas religiosos son vastas y complejas metáforas de nuestro habitar sobre la Tierra, con sus miserias y anhelos. En tanto conservan el correspondiente  nivel retórico de su fuerza metafórica, pueden brindar adecuados instrumentos simbólicos para la mejor comprensión del fenómeno humano. Pero si la metáfora se literaliza en dogma y padece la administración de los detentadores oficiales de la fe, recae en los peores obstáculos supersticiosos al cumplimiento de la modernidad ilustrada y democrática, en buena medida aún pendiente de realización” (Savater, 1993).

Para construir una perspectiva tolerante de convivencia no sólo hay que apoyarse en la razón y en el conocimiento, también es imprescindible distinguir entre la verdadera tolerancia, que es respeto, y esa forma de “tolerancia” cotidiana, a la que Marcuse calificó como “represiva”: una actitud hecha de superioridad moral y desdén. Esta tolerancia represiva, que funciona como concesión, acepta a regañadientes (“tolera”) un mal inevitable (la existencia de “otros”, diferentes, no católicos), pero no establece como un valor democrático el respeto a la diferencia. Así, fomenta el error original: “Yo estoy bien, tú estás mal, pero te aguanto”. Versiones de este tipo de tolerancia represiva sirven para recubrir actitudes profundamente negativas. En ciertos países, la falta de vigencia de libertades fundamentales hace que, ante las intransigencias, vejaciones y violaciones a sus derechos, muchas personas valoren esta “tolerancia represiva” como caridad mal entendida. Mejor recibir compasión que insultos, o piedras o linchamientos.

Hay que distinguir entre formas nefastas de tolerancia, y formas sanas de intolerancia. Otra forma inaceptable de tolerancia que debe ser denunciada es la tolerancia con los intolerantes. Las instituciones más intolerantes en el mundo son las Iglesias, que se consideran en posesión de la Verdad. El problema de tolerar a los intolerantes es complejo y tiene costos altísimos en el conjunto del cuerpo social. En América latina las expresiones fundamentalistas de la Iglesia Católica son contrarias a las libertades civiles en una sociedad democrática. El dilema democrático reside en ser respetuosos y tolerantes con las creencias religiosas, sin permitir, sin tolerar, como bien dice Savater, “que los representantes profesionales de determinadas creencias inverificables dicten a la pluralidad del conjunto social sus prohibiciones, la obediencia a sus normas, que pretendan castigar las ‘blasfemias’ que les desagradan o que intenten recabar derechos diferentes a los de la democracia laica como privilegios especiales para sus instituciones y feligreses”.

La batalla cultural por la laicidad del Estado se nutre de varias tendencias: por un lado, la secularización, que se expresa por la multiplicación de personas ateas y agnósticas; por otro, por el pluralismo de creencias, producto de una religiosidad que se vive fuera de marcos institucionales, y finalmente, por la aspiración democrática de cada vez más ciudadanos. El laicismo es “el artífice de la moderna sociedad civil de ciudadanos, liberada de la pesada servidumbre de totalitarismos religiosos y políticos, de dogmas inamovibles y poderes definitivos e inapelables” (Mayoral Cortés, 1991). Por eso, el laicismo se vuelve el cimiento de un Estado democrático en el que procura ofrecer igualdad a las personas, a partir del principio de soberanía popular y de la libre determinación de los individuos.

Sólo el marco ético del laicismo puede articular la convivencia en una sociedad plural sobre la base de la tolerancia y del respeto a la diferencia. Sin pensamiento laico no se desarrollan ni la ciencia ni la democracia moderna. Si bien la modernidad democrática ha significado el triunfo del laicismo en la vida pública, en América latina lo público sigue teñido por las posiciones atrasadas de la Iglesia Católica. Es evidente que el Vaticano enfoca sus energías y recursos hacia la familia y la sexualidad, ámbitos en los que trata de impedir que se hable de cuestiones vitales para la población, como los derechos sexuales y reproductivos.

La Iglesia Católica tiene serias dificultades para aceptar que ciertas decisiones íntimas dependen más de la conciencia de cada persona, que de los dictados de la jerarquía eclesiástica. Gran parte, si no la mayoría, de las y los latinoamericanos tiene actitudes más liberales respecto de la familia, la sexualidad y la reproducción que las que promueve la Iglesia Católica: se divorcian, usan anticonceptivos, interrumpen embarazos y tienen relaciones homosexuales. Para frenar lo que consideran conductas condenables, no sólo los obispos se entrometen en política, sino que, mediante asociaciones sociales o caritativas, presionan a los gobiernos para que incluyan la agenda teológica en sus políticas públicas. Además, la Iglesia Católica utiliza abiertamente su gran poderío económico para influenciar la opinión pública y para censurar posturas distintas a la suya. No le bastan las relaciones con importantes empresarios y dueños de cadenas televisivas, periódicos y radiodifusoras, que le dan generosos espacios en los medios, sino que paga inserciones en toda la prensa, para llegar así a diversos sectores de la sociedad. Todo lo que no se ajuste a su pensamiento da origen a campañas cuya difusión no queda circunscripta al ámbito natural de la Iglesia, los púlpitos y confesionarios, sino que es impulsada a través de los medios masivos de comunicación.

Si se reconoce la distinción entre buena y mala intolerancia, la buena intolerancia debe servir para negarse a aceptar como interlocutora válida a una institución dogmática que no comparte los cánones modernos de racionalidad, respeto a la pluralidad y espíritu democrático. El pensamiento ilustrado moderno asume la tarea crítica de denunciar las supersticiones y reafirma la importancia ética de asumir sin mistificaciones las implicaciones de la finitud y de introducir elementos racionales en un debate sobre la sexualidad y la reproducción. Si las Iglesias suelen “hacer creer a la gente que algo que ha sido dicho en la tierra proviene del cielo” (Savater, 1993), las y los ciudadanos reivindican que el contrato social, con sus reglas y leyes, se establece entre personas terrenales. La defensa de los derechos sexuales y reproductivos conduce a algo central: estos derechos suponen libertad e igualdad; libertad para decidir e igualdad de acceso a la información y a los servicios médicos.

Por lo tanto, esos derechos son intrínsecamente democráticos, pues parten de la libertad y requieren el piso común de la igualdad de acceso. En los derechos sexuales y reproductivos así conceptualizados se encuentran vivos los principios políticos de una democracia moderna pluralista. Y la lucha por esos derechos lleva a plantear la relación entre las y los ciudadanos con el Estado y a defender  la separación Estado/Iglesia. Pero, sobre todo, esta defensa de la laicidad del Estado sirve para establecer un conjunto de valores ético-políticos con los cuales enfrentar el avance del fundamentalismo religioso y del fascismo. Para obtener comportamientos colectivos más libres y solidarios, más democráticos y modernos es necesario formular un modo de razonamiento social y político basado en el laicismo.

Bourdieu, Pierre: Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997.

Bourdieu, Pierre: Meditaciones pascalianas, Barcelona, Anagrama, 1999.

Mayoral Cortés, Victorino: “Laicismo y confesionalismo”, en Leviatán, N° 45, otoño de 1991.

Marcuse, Herbert: “Tolerancia represiva”, en VVAA Crítica de la tolerancia pura, Madrid, Editora Nacional, 1977.

Savater, Fernando: Sin contemplaciones, Madrid, Ediciones Libertarias, 1993.