La Escuela y su Función Liberadora

La educación es un derecho inalienable que emana del derecho universal a la libertad de conciencia, y como tal debe ser una educación exclusivamente pública, laica, democrática y gratuita. Pública, porque debe ser garantizada por igual y de forma universal a todos/as los/as niños/as, al margen de presiones ideológicas y económicas del momento. Laica, porque ha de constituir un proceso de florecimiento de la libertad y de la autonomía de juicio, y por tanto debe ser neutral, liberada de toda tutela religiosa o ideológica. Democrática, porque uno de sus fines prioritarios es la educación en unos valores humanistas y cívicos que eduquen para la convivencia y fomenten el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.

Gratuita, porque es un derecho que no puede estar sometido ni condicionado por las desigualdades económicas del momento. La Escuela es la institución pública que ha de preservar su independencia y servir de contrapeso a los grupos de presión y las desigualdades de la sociedad. La Escuela pública acoge a todos/as los/as niños/as por igual, sin distinción de sexo, origen o convicción espiritual.

La libertad de conciencia genuinamente ejercida requiere la previa toma de conciencia de la propia libertad. Es precisamente en la Escuela pública, independiente frente a los diversos condicionamientos del momento, donde se educa en la autonomía del juicio necesario para devenir efectivamente libre.

La laicización de la Escuela se debe articular en tres niveles. Primero en los locales, donde no debe haber ningún símbolo religioso o ideológico para garantizar la estricta observancia del principio de neutralidad, mientras que la educación religiosa debe ser dispensada fuera de las horas de clase.

Segundo, en el personal, que debe haber sido formado y seleccionado por tribunales competentes para enseñar un conocimiento universal, desligado de cualquier interés dogmático e interesado. Por ello no es legítima la persistencia de profesores de religión católica en los institutos públicos, que han sido colocados arbitrariamente por el obispado de turno, y cuya asignatura consiste en una forma de proselitismo incompatible con los fines propios de la Escuela. Tercero, en los programas educativos, que deben garantizar una educación moral cívica y laica, racional y científica, orientada a desligar el pensamiento de las dependencias sociales. Por igual y de forma universal a todos/as los/as niños/as, al margen de presiones ideológicas y económicas del momento. Laica, porque ha de constituir un proceso de florecimiento de la libertad y de la autonomía de juicio, y por tanto debe ser neutral, liberada de toda tutela religiosa o ideológica. Democrática, porque uno de sus fines prioritarios es la educación en unos valores humanistas y cívicos que eduquen para la convivencia y fomenten el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Gratuita, porque es un derecho que no puede estar sometido ni condicionado por las desigualdades económicas del momento. La Escuela es la institución pública que ha de preservar su independencia y servir de contrapeso a los grupos de presión y las desigualdades de la sociedad. La Escuela pública acoge a todos/as los/as niños/as por igual, sin distinción de sexo, origen o convicción espiritual.

La libertad de conciencia genuinamente ejercida requiere la previa toma de conciencia de la propia libertad. Es precisamente en la Escuela pública, independiente frente a los diversos condicionamientos del momento, donde se educa en la autonomía del juicio necesario para devenir efectivamente libre.

La laicización de la Escuela se debe articular en tres niveles. Primero en los locales, donde no debe haber ningún símbolo religioso o ideológico para garantizar la estricta observancia del principio de neutralidad, mientras que la educación religiosa debe ser dispensada fuera de las horas de clase.

Segundo, en el personal, que debe haber sido formado y seleccionado por tribunales competentes para enseñar un conocimiento universal, desligado de cualquier interés dogmático e interesado. Por ello no es legítima la persistencia de profesores de religión católica en los institutos públicos, que han sido colocados arbitrariamente por el obispado de turno, y cuya asignatura consiste en una forma de proselitismo incompatible con los fines propios de la Escuela. Tercero, en los programas educativos, que deben garantizar una educación moral cívica y laica, racional y científica, orientada a desligar el pensamiento de las dependencias sociales.

César Tejedor de la Iglesia
Junta Directiva Europa Laica