Laicismo

Laicidad y democracia deben ser dos caras de una misma moneda. Se relacionan mutuamente de tal forma que si no se da una de las dos no se da ninguna de forma genuina. Los principios laicos de la libertad de conciencia y la igualdad de trato de toda la ciudadanía son los cimientos éticos sobre los que se construye toda democracia auténtica, que no pretenda ser reducida a su deriva estrictamente procedimental. Así, la laicidad de las instituciones estatales se erige como condición de posibilidad de la democracia, y la democracia como corolario necesario de la laicidad. En esa mutua relación radica la importancia de las leyes comunes que deben regir la esfera pública, dedicada exclusivamente al interés general de todos.
Aún hoy, con más años de democracia a nuestras espaldas, la laicidad sigue siendo una de nuestras asignaturas pendientes. Si bien en su aspecto meramente formal la democracia parece haberse consolidado con el tiempo, las grietas ético-políticas de nuestro sistema democrático desvelan cada vez con mayor evidencia que en el fondo siguen vigentes las antiguas estructuras confesionales del Estado, incompatibles con los propios principios de libertad e igualdad en los que se asienta el ideal emancipador de la laicidad.

Incluso en los últimos tiempos han ido adquiriendo fuerza las voces que pretenden fortalecer la concepción confesional del Estado y de sus instituciones, reclamando los ilegítimos y anacrónicos privilegios públicos de los que gozaba la religión en el ámbito público. Especialmente preocupante es el caso de la educación, donde la privatización de la enseñanza y la presencia cada vez más afianzada de la religión en los planes de estudio parece remitirnos a épocas preconstitucionales.

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